En el actual sistema sanitario español prima la salud del paciente, ya que el médico no recibe ni beneficio ni perjuicio económico por los tratamientos o diagnósticos que realiza. Su objetivo es el bieniestar del paciente y no la “rentabilidad económica” de cuidar la salud de éste.
La Generalitat ha propuesto un nuevo modelo de gestión en el que los centros sanitarios serán empresas privados y obtendrán beneficios o pérdidas. Asimismo los médicos ya no serían trabajadores del estado sino que “se convierten en empresarios del sector“, es decir, también recibirán un plus economico si “ingresan más para el hospital de lo que gastan para el hospita” en pruebas y tratamientos.
Aunque el informe afirma que este cambio no afectará a los pacientes esto es falso.
Con este nuevo modelo tanto hospitales como médicos se verán afectados por los “resultados económicos” de las pruebas y tratamientos.
La prioridad de los hospitales a partir de entonces será maximizar el beneficio económico (como toda empresa privada, al menos eso sostiene la economía).
En otra palabras: hasta ahora la prioridad de los sanitarios era lo que resultaba beneficioso para la salud del paciente. A partir de ahora lo prioritario será lo que resulte beneficioso para las cuentas del hospital, independientemente de si es aconsejable para el paciente o no. Se preferería un tratamiento que “ingresa más de lo que cuesta” y no su efectividad en la salud, en nuestra salud.
Este modelo que se propone para Cataluña, podría ser adoptado por otras CCAA. Estos modelos ni otros recortes de la sanidad, no están orientados al paciente (como muestra el reciente cierre de 85 centros de salud, o el sistema propuesto de puntos para el diagnóstico.
La sanidad pública de nuestro país está experimentando una privatización impuesta tanto desde los mercados, el FMI como desde la UE (a través del Pacto del Euro, firmado por nuestros políticos) con una reducción del gasto social, el cuál es uno de los menores de la UE.
Se quiere para favorecer la sanidad privada falsamente publicitada como más eficiente en detrimento de una sanidad pública.
Contrariamente a lo que se nos quiere hacer creer de que el sistema está en quiebra, obsoleto, etc. El sistema español es uno de los mejores del mundo a la par que de los menos costosos.
Nuestro sistema está entre los mejores del mundo: en el año 2000 fue catalogado como el 7º mejor del mundo por la OMS, en 2010 clasificado como el 3º mejor del mundo junto con Suecia, así como puesto como modelo a seguir por estudios de EEUU, por su gran calidad y eficiciencia.
Asimismo es uno de los que más baratos para el bolsillo del ciudadano (vía impuestos): el Estado destina menor porcentaje de PIB destina al gasto sanitario que la mayoría de países desarrollados, países que poseen peor calidad, que no cubren a todos los ciudadanos ni servicios mientras suponen mucho más dinero de Gobiernos y ciudadano.
Por todo ello rechazamos completamente esta propuesta de modelo, pues el único beneficio será económico para las empresas privadas que participarán en estos organismos bien en forma de gestión o de capital mientras perjudicará a los ciudadanos tanto en la calidad de la asistencia que recibiremos como en el precio más elevado que tendremos que pagar por una sanidad de peor trato y más ineficiente. Por ejemplo, muchos tratamientos de enfermedades degenerativas o según qué tipos de cánceres no nos serían dados porque aunque efectivos no son “rentables” puramente en términos económico
Estos hospitales fueron financiados con dinero público para el beneficio de la salud de los ciudadanos, no de los bolsillos de empresas privadas. El gasto sanitario va orientado a una necesidad primaria: todos enfermamos y todos tenemos derecho a una asistencia sanitaria de calidad. No admitimos que se pongan reparos a destinar recursos a nuestra salud mientras se destinan cantidades muy superiores a falsos rescates, inyecciones a la banca, etc.
La salud de las personas no puede ser una variable con la que “jugar” para incrementar los beneficios y plusvalías de unos pocos, en detrimento de la calidad de la asistencia sanitaria.
¡La salud no está en venta!
¡Es un derecho mínimo y está garantizado por la Constitución!
¡No es una mercancía!
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