El Gobierno de la Comunidad de Madrid acelera los trámites para privatizar el Canal de Isabel II sin que nadie sepa cuánto vale y con una marea azul a la vista.
El 9 de enero los vecinos de El Ventorro de la Puñalá se quedaban sin agua. Este poblado de infraviviendas en el entorno de Getafe acoge a más de 70 familias que, desde ese día, no tienen agua corriente. Las explicaciones del Canal resultaron paradójicas. Tras las primeras acusaciones de impago llegó la explicación: obtenían el agua de manera fraudulenta y sin contrato, por lo tanto no podían tener impagos. La historia deja sin agua a unas 300 personas y, según fuentes de la oposición regional, ejemplifica el futuro que aguarda a los vecinos de Madrid si el líquido elemento pasa a ser gestionado por manos privadas. El proceso ha empezado.
En septiembre de 2008, el Canal de Isabel II necesitaba, según la presidenta de la Comunidad de Madrid, 4.000 millones de euros en inversiones. Esperanza Aguirre sabía dónde buscar: “Qué mejor manera de obtenerlos que salir a Bolsa y hacer que los madrileños puedan ser propietarios de acciones de su empresa de aguas”. La frase, junto a la ley que aquel año apuntalaba la iniciativa, muestra toda la aparente lógica endiablada del capitalismo, pero, claro, es falaz. Los madrileños ya son propietarios de su empresa de aguas, aunque no sean accionistas.
Con aquel argumento empezaba la larga carrera del PP por poner en manos privadas una de las ‘joyas de la corona’ en la región y de todo el Estado: la empresa pública que gestiona el agua de los madrileños desde 1851. Aquel primer arranque de Aguirre no cuajó, en parte por sus rifirrafes con Gallardón, que se mostró reacio a la privatización en vísperas de un congreso regional del PP, cuando él y Aguirre pugnaban por el liderazgo del partido. El freno del alcalde, unido a las malas expectativas de venta en una crisis que estaba empezando y se preveía breve, aplazó entonces el afán de la presidenta.
Beneficios millonarios
El Canal de Isabel II es un trofeo muy codiciado, una de esas empresas públicas que, además de prestar un servicio a la ciudadanía, obtienen beneficios. El canal obtuvo unas ganancias netas de 120 millones de euros en 2010, último ejercicio contabilizado. El año anterior registró unos ingresos de 750 millones, con beneficios de 151 millones. Un pastel muy goloso en tiempos de crisis. En resumen, el plan privatizador del Gobierno de Aguirre contempla vender a accionistas privados el 49% de las acciones del Canal, aunque también entrega un 19% más a los ayuntamientos. La oposición ha criticado en reiteradas ocasiones el proceso, que llega precisamente en un momento de recesión y falta de crédito en que los accionistas privados tendrían la excusa perfecta para ofrecer precios por debajo del valor potencial de una empresa de este calibre. Entonces, ¿por qué malvender el Canal?
En el PP tienen sus razones, desde la ideología neoliberal de la presidenta hasta los motivos crematísticos del Ayuntamiento capitalino, el más endeudado de España con un agujero de 6.891 millones de euros. En efecto, según el acuerdo entre Comunidad y Ayuntamiento, si el Canal se privatiza, un 10% de las acciones pasarían a estar en manos del Consistorio, que ya incluye la venta de su porción en los cálculos presupuestarios.
Según su particular cuenta de la lechera, las sedientas arcas municipales podrían ingresar 384 millones de euros con el negocio. De esa cifra, 39 millones de euros vendrían exclusivamente de la venta de un 14% de las acciones que le corresponden. El Ayuntamiento ya ha aprobado que pueda vender hasta un 70% de ese paquete. Con Gallardón apartado de la política madrileña, en plena sequía económica, con Ana Botella sedienta de liquidez y con los ingresos de la Comunidad bajo mínimos, la peor venta posible se hace buena. El resto de ayuntamientos madrileños se repartirán otro 9% del Canal y todos ellos pueden privatizar una parte. Según Carmen Villares, portavoz de IU en la comisión de Medio Ambiente de la Asamblea, “el 63% del Canal puede acabar en manos privadas” durante medio siglo, el plazo de cesión que contempla la ley.
Una tasación difícil
Es imposible saber cuánto cuesta el Canal. La última tasación se hizo pública en 1989, hace casi un cuarto de siglo. En aquella época la empresa pública ya valía 500.000 millones de pesetas, unos 3.000 millones de euros. Ahora la cifra es un misterio; de hecho, la Comunidad pagó en 2011 más de un millón de euros a BBVA, Concinsa, Rothschild y Cuatrecasas por tareas de consultoría y asesoramiento: es decir, para que preparasen el papeleo de la venta y le pusiesen precio a este gigante que maneja 14 embalses, más de 14.000 kilómetros de tuberías, siete empresas filiales, un parque de 200 viviendas y mucho, mucho suelo. En 2009, 20 años después de su primera tasación, la consultora American Appraisal volvió a ser contratada para lo mismo: ponerle precio al Canal. Nadie entre los empleados del Canal ni entre la oposición conoce el resultado de aquellas dos tasaciones. Villares explica que desde la oposición preguntan una y otra vez por el valor de la empresa: “En Europa no existe una empresa similar, con una red de distribución similar, con cuentas saneadas, con tanto suelo y tantas filiales, que llegan hasta Iberoamérica”, advierte.
¿Quién podría comprar un coloso de estas características? Los empleados del Canal no tienen ni idea. Ven pasar a su alrededor un sinfín de rumores, pero desde el comité de empresa se lamentan de la opacidad de la empresa: “Hemos hecho consultas, pero nada. El comité de empresa ha recibido cero notificaciones”, aseguran a DIAGONAL. La prensa económica hace conjeturas que alejan la posibilidad de una salida a Bolsa y se decantan por la venta a un consorcio internacional de socios industriales y constructoras. Entre rumores de correveidiles suena un nombre: otro mastodonte europeo del agua, el gigante francés GDF-Suez.
Hasta que se consume la decisión, sólo hay hueco para la resistencia. La Plataforma contra la Privatización del Canal YII coordina a una quincena de partidos políticos, organizaciones ecologistas, asociaciones de vecinos y sindicatos. El 11 de enero se reunió con miembros de 21 asambleas de barrios 15M. De esta confluencia están saliendo la mayoría de iniciativas contra la medida. La próxima reunión es el 8 de febrero, días antes de que empiece la semana de concienciación que la Plataforma trata de poner en marcha ante el desconocimiento de la ciudadanía y el silencio de los medios corporativos. El tiempo apremia: Aguirre está presionando a los municipios para que aprueben su proyecto antes de fin de mes. Al menos ocho ayuntamientos se han opuesto, lo que va a retrasar los planes de Aguirre, que tendrá que devolver el debate a la Asamblea.
Fuente: www.diagonalperiodico.net
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