La lógica de lo privado frente a lo público no se ha eliminado con la derogación del Plan Lasquetty. Es necesario tirar abajo el decreto de reforma sanitaria de Ana Mato.
Yo Sí Sanidad Universal
30/01/2014 –
20:50h
Medio millar de personas marchan en Madrid a favor del Hospital Carlos III
Uno de los principales errores que ha cometido Javier Fernández-Lasquetty ha sido dejar muy claro que no creía en la gente, a pesar de ser un gestor de la cosa pública. Si la movilización social ha logrado paralizar el plan privatizador del Gobierno, esa misma gente puede recuperar la sanidad universal en España.
Llamó “marejadilla” a la Marea Blanca, que ha acabado siendo una ola que le ha llevado por delante. Porque, si bien la Marea Blanca ha ganado en los tribunales a través de la acción legal que planteó AFEM, esto no hubiera sido posible si antes no hubiera habido manifestaciones, encierros, marchas, mesas en cada centro de salud para la consulta por la sanidad, y todo ello con la participación de usuarias y profesionales mano a mano. Lo dice el propio Auto que paraliza el proceso privatizador de Lasquetty e Ignacio González.
Uno de los argumentos principales de los abogados de la Comunidad de Madrid y de las empresas licitantes en el proceso para contrarrestar la estrategia legal de AFEM fue argumentar que la asociación no tenía legitimidad para recurrirlos. La jueza, sin embargo, sí ve esa representatividad por, entre otras cosas, “su capacidad de convocatoria y organización de movilizaciones en defensa de la Sanidad Pública a que asistimos continuamente en Madrid”.
De esas movilizaciones hemos sido parte muchas, y en ellas se ha escuchado que, a diferencia de lo que afirmaba Lasquetty, los profesionales no solamente estaban defendiendo sus puestos de trabajo sino que estaban luchando por la sanidad pública, por un común gestionado de forma pública. Contra la privatización se ha luchado en muchos frentes: desde la propia consulta, con campañas contra la derivación a centros privados, en la calle. Con la Marea Blanca sabemos quizás más que nunca que un proyecto político o una ley injusta se debe y se puede tirar abajo.
Pero la lógica de lo privado frente a lo público, del individualismo frente a la sociedad, no se ha eliminado con la derogación del Plan Lasquetty. La legislación nacional obliga ahora a cada auxiliar, a cada trabajadora social, a cada médica, a cada enfermero, a decidir si trata o no a qué pacientes, en función de criterios de supuesto “ahorro”, con argumentos idénticos a los usados para impulsar el plan privatizador de Madrid. Es necesario tirar abajo el decreto de reforma sanitaria (Real Decreto-ley 16/2012) de Ana Mato. Lo estamos haciendo día a día con acompañamientos, con médicos y médicas, auxiliares, enfermeros y trabajadoras sociales desobedientes, y sin recurrir a redes paralelas que nos harían volver al modelo de beneficencia.
Lasquetty acusaba a los profesionales de la Marea Blanca de “estratégicos” por usar el discurso de lo público para defender sus puestos de trabajo y a la vez de emocionales por no aceptar su propuesta de “mejora” del sistema. Les acusaba de no querer cambiar nada, de no querer modernizarse. Estrategias de intento de deslegitimación que no le han valido. La gente le ha ganado. También el ex consejero decía que la exclusión en España seguía la estela de países “civilizados”. Civilizado un país en el que una persona puede morir por no recibir tratamiento para su tuberculosis, como le pasó a Alpha Pam, aún teniendo todos los medios necesarios para curarle.
Es imponderable pensar en la sostenibilidad del sistema sanitario no desde una idea de sanidad como un coste, lo que nos lleva a examinar pacientes y tratamientos con un criterio impuesto y dudoso de coste eficiencia que pasa por encima todo lo demás. Se trata de pensar en sanidad como inversión, en salud como algo colectivo y como un derecho. Es sintomático que, a pesar de que se lo estén cargando, tanto Ignacio González como Ana Mato no se atreven a borrar de su discurso las señas de identidad del sistema sanitario: de calidad, público y universal.
El Consejo de Europa ha rechazado el decreto de Ana Mato recordando a España que está obligada a ofrecer cobertura sanitaria a las personas que residen en su territorio sea cual sea su status de residencia. “La atención sanitaria es un prerrequisito para la preservación de la dignidad” ha dicho. Es una noticia excelente pero si queremos sanidad universal somos nosotros los que tenemos que dar el siguiente paso: conseguir la derogación del decretazo sanitario.
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