Miles de madrileños instalaron ascensores en sus casas animados por la promesa de generosas ayudas. Pidieron préstamos que ahora no pueden devolver porque la Administración no les paga lo prometido.
Carlos Redondo tiene 84 años. Después de media vida de subir por las escaleras al piso en el que habita en la barriada obrera de la Ciudad de los Ángeles, en el sur de Madrid, vio el cielo abierto cuando conoció las generosas subvenciones a la instalación de ascensores que anunciaba la Comunidad de Madrid. En el marco de su Plan de Rehabilitación, la Administración prometía pagar el 70% del coste de las obras, con un tope de 50.000 euros, a aquellas comunidades de propietarios que, como la de Luis y su avejentado vecindario, carecieran de este elemento indispensable para la accesibilidad y acometieran su instalación. En casa de Carlos lo hicieron en 2009. Cuatro años después todavía no han visto un céntimo.
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