En los últimos meses venimos asistiendo en Madrid, al desmantelamiento del parque público de vivienda protegida.
Tanto el IVIMA como distintas Empresas Municipales de la Vivienda han iniciado el camino de la venta de viviendas protegidas a fondos de inversión. Fondos cuyo único fin es lucrarse de operaciones en las que compran mucho más barato de lo que luego venden.
Entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han malvendido recientemente 5000 viviendas, a Blackstone y Goldman Sachs por 128 y 201 millones de euros, respectivamente. Esto es, cada vivienda les ha salido a estas empresas por unos 68.000 € de media; un precio bastante menor de lo que nos costó construirlas a los contribuyentes madrileños y muy debajo también del que estos fondos buitre pretenden obtener al venderlas.
Comunidad y Ayuntamiento de Madrid han abandonado a su suerte a estas 5000 familias. Además de la escandalosa venta de patrimonio que, en si misma, consideramos constitutiva de delito, estas operaciones están generando la pérdida de protección y amparo para todas esas familias que, de la noche a la mañana, han visto que sus viviendas ahora pertenecen a unas empresas privadas que no tienen ni van a tener ningún tipo de sensibilidad o empatía hacia ellas. Empresas para las que el beneficio económico está por encima de los problemas de las personas que viven allí.
Poco parece importar a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid que el crédito esté cerrado para la inmensa mayoría de las familias. Poco parece importarles que muchas de ellas tengan desempleadas a varias o incluso todas sus personas en edad de trabajar. En plena crisis y cuando más precaria es la situación para la mayoría de la población, quienes debían garantizar nuestros derechos fundamentales, quienes debían velar por evitar la exclusión de los más débiles, son quienes se desprenden de la herramienta necesaria para garantizar el derecho a la vivienda, vendiéndosela a terceros para que hagan negocio con ella.
Con esta nueva situación, en los próximos meses veremos cómo expulsan de sus viviendas a muchas familias. Veremos a personas que pierden las ayudas públicas para pagar los alquileres y son desahuciadas, a personas que no consiguen la hipoteca para ejercer la opción de compra de su vivienda y pierden su casa, a personas que no pueden negociar la reducción de su alquiler o su aplazamiento por estar desempleadas y les obligan a irse. Serán cientos de situaciones dramáticas que, si nada lo impide, veremos muy pronto. De todas y cada una de esas situaciones les hacemos responsables a los gobernantes de Comunidad y Ayuntamiento de Madrid.
Por todo ello estamos hoy aquí para reclamar:
- La suspensión cautelar y posterior anulación de la venta de viviendas públicas de IVIMA y EMVS a los fondos de inversión.
- La paralización de cualquier nueva venta de viviendas públicas de IVIMA y EMVS a los fondos de inversión.
- La prórroga automática de los alquileres de las viviendas públicas de IVIMA y EMVS.
- El ofrecimiento preferente a los inquilinos de la compra de sus viviendas y al mismo precio que costó su construcción.
- El mantenimiento de las ayudas de reducción del alquiler del IVIMA.
- La paralización de cualquier desahucio por impago provocado por motivos económicos.
- La reducción significativa del actual precio de módulo oficial para las viviendas de protección oficial.
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