[Texto escrito por Vicky López, compañera médica de familia y salubrista-en-proceso]
Hace
unos días la PAH denunciaba que desde Enero las órdenes de desahucio no
llevan ni fecha ni hora. El Consejo General de la Abogacía señala que
el juez no tiene obligación de dar esa información en los procesos que
van por vía penal, es decir, aquellos casos de “ocupaciones ilícitas” en
palabras del gobierno o “recuperaciones” en palabras de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Las
políticas públicas de vivienda deberían estar encaminadas a garantizar
el acceso a la vivienda de los ciudadanos. No sólo esto no es así, sino
que además cuando la ciudadanía se organiza y articula respuestas por
medio de las plataformas, el gobierno vuelve a lanzar políticas que
intentan desarticularlas.
Ante esta
situación, nos surgen algunas preguntas: ¿es la vivienda un derecho
real? ¿qué podemos hacer ante esta violación sistemática de los derechos
humanos? ¿podemos relacionar la consecución de derechos con nuestro
estado de salud?
Vivienda y salud
Hay muchos estudios que relacionan las condiciones de la vivienda y con la salud. Según el informe “Vivienda y salud”, presentado en 2003 por la British Medical Association (BMA), "la vivienda digna es un primer requisito para la salud"
Además, en una revisión bibliográfica sobre
investigaciones que relacionan infravivienda y salud, se afirma que
existen indicios suficientes para argumentar que las condiciones de la
vivienda son importantes para la salud física y mental de la población, y
que las políticas dirigidas a garantizar unas adecuadas condiciones de
vivienda tendrán un efecto positivo en la salud[1]
Pero más allá de las evidencias que afirman que
esta relación, debemos buscar las repercusiones que está teniendo en la
salud la actual política de vivienda y el fenómeno de los desahucios. Hacia
finales de 2012, según la PAH el número de desahucios llegaría a los
171.110 desde el comienzo de la crisis en julio de 2008.
Según el Banco de España los desahucios subieron en 2013 en relación a
2013. En los 6 primeros meses de 2013 hubo 19.567 desahucios, casi
tantos como en todo 2012, año en el que hubo 23.774. Personas de
todas las edades se han visto en la calle por créditos hipotecarios que
no podían asumir. Es fácil vislumbrar las consecuencias fatales que
tiene esto para la salud mental y física de los/as afectados/as.
Dado que el fenómeno de los desahucios es
relativamente nuevo, al menos con estas dimensiones, es difícil aún
cuantificar las consecuencias que tendrá para la salud. Sin embargo, ya
hay estudios que permiten entrever lo que está ocurriendo. En un estudio
publicado en el European Journal of Public Health en 2013 se observa
que independientemente de los riesgos observados por la situación de
desemple , exite un riesgo dos veces mayor de depresión mayor asociada
con dificultades de pago de la hipoteca ( OR = 2,12 , P < 0,001 )
y de casi 3 veces más con los desalojos ( OR = 2.95 , P < 0,001
) . De manera que alrededor de un tercio del riesgo general en la
asistencia de la población que consulta por trastornos de salud mental
podría ser atribuido a los riesgos combinados de las dificultades de
desempleo de los hogares y de pago de hipoteca.[2]
El Derecho a la vivienda
Párrafo 1 del Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
“Toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad."
Además de esto, el Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales que ha sido ratificado por 108
estados, entre ellos España, contiene el que quizás sea el fundamento
más importante del derecho a la vivienda enunciado en todos los
principios jurídicos que integran las normas internacionales sobre
derechos humanos, ya que en este se reconoce el papel del Estado como
garante de este derecho.
Párrafo 1 del artículo 11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí
y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a
una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes
tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la
cooperación internacional fundada en el libre consentimiento."
En particular en la Observación General Nº 4
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el
derecho a una vivienda adecuada se define este derecho como integrado
por diversos aspectos concretos, entre ellos van a estar la seguridad
jurídica, gastos de vivienda soportables o la disponibilidad de
servicios básicos.
Los desahucios son una negación absoluta al reconocimiento de este derecho por parte del estado. El 14 de marzo de 2013 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que las leyes españolas sobre desahucios
no garantizaba a los ciudadanos una protección suficiente frente a
cláusulas abusivas en las hipotecas y vulnera, por tanto, la normativa
comunitaria. En mayo de 2013, un dictamen firmado por el Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, indicaba que la ejecución hipotecaria debía considerarse “el último recurso” considerando insuficientes las medidas adoptadas por el gobierno español.
Pero, ¿qué podemos hacer si este derecho no es protegido por las políticas públicas?
La lucha por la vivienda, la lucha por la salud
En contexto actual, en el que el derecho a la
vivienda se ha convertido en una utopía, la salud se torna borrosa. Si
aludimos a los condicionantes socioeconómicos de la salud encontramos
que la vivienda es un elemento fundamental para el desarrollo de una
vida saludable.
Según la Teoría Crítica de los Derechos Humanos,
los derechos humanos son productos socio- históricos fraguados a partir
de luchas sociales y de conquistas del pueblo en la lucha por una vida
digna. Asumir unos derechos como naturales o universales, supondría
robarles la significación y aceptar que no podemos hacer nada por
alcanzar lo que el Estado no nos da.
Por lo tanto, hoy día, luchas como la de Stop Desahucios o la de las Corralas
no hacen otra cosa que lanzar a la calle lo que siempre ha estado en un
papel. Hoy, la ciudadanía construye derechos a partir de la lucha
social, construye salud a partir de plataformas ciudadanas (buena prueba
de ello es el estudio realizado por la médica de familia y antropóloga
médica Elena Ruiz Peralta «Desahuciar, desalojar, ejecutar. Cuando la política callejera se convierte en medicina»[3]).
Así pues, podremos hablar de estas luchas como focos de salutogénesis,
que llevan la estrategia de “Salud en todas las políticas” a la calle,
en la que la salud se convierte en un eje transversal al realizar
acciones políticas con impacto positivo en salud, ya sea por hacer de la unión ciudadana un activo en salud o por intentar conquistar un derecho que les fue arrebatado.
[1] Water, AM. Do housing conditions impact
on health inequalities between Australian’s rich and poor? Australian
Housing and Urban Research Institute; Sydney. 2001
[2] Gili. M.; Roca. M.; Basu S.; McKee M.;
Stuckler D. The mental health risks of economic crisis in Spain:
evidence from primary care centres, 2006 and 2010 Eur. Journal of P.
Health; 2013
http://eurpub.oxfordjournals.org/content/early/2012/04/18/eurpub.cks035.short
[3] http://www.eldiario.es/andalucia/lucha-social-medicina_0_220128055.html
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