Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión – TTIP (siglas en inglés)
Es un tratado que se está negociando desde junio de 2013 entre la Unión Europea y Estados Unidos, con una total falta de transparencia, de espaldas a la ciudadanía y sus representantes elegidos democráticamente. Su objetivo principal es, según han reconocido los negociadores, eliminar las “barreras reguladoras” que limitan los beneficios potenciales de las empresas multinacionales a los dos lados del Atlántico.
El TTIP atenta contra la democracia no solo por su falta de transparencia sino porque hay una acuerdo explicito y público entre la Comisión Europea y EE.UU. de conceder a las grande empresas multinacionales más poder que a los ciudadanos a la hora de establecer leyes reguladoras a ambos lados del Atlántico con el propósito de controlar los recursos, la producción de bienes y la gestión de los servicios en todos los sectores de actividad.
Para ello el TTIP, así como el resto de tratados que se están negociando: el TISA (Tratado sobre Comercio y Servicios) y el CETA (Tratado de comercio e inversión con Canadá) se dotarán de:
Consejo de Cooperación Regulatoria, se materializó el 14 de noviembre de 2013, como parte de las negociaciones. Este consejo no sólo controlará la aplicación de los compromisos existentes en materia de desregulación sino que además dará a las multinacionales el poder de escoger y eliminar otras normativas una vez finalizadas las negociaciones del TTIP, así como de recibir notificación de todas las propuestas de normas y leyes nuevas antes de su introducción, y tendrá la potestad de eliminar las restricciones no deseadas sobre actividades comerciales.
Mecanismo de Resolución de Disputas Inversor-Estado – ISDS . Es la gran amenaza a la democracia que se deriva del TTIP. Esta disposición pone por encima la condición jurídica del capital multinacional a la del Estado-nación. Si se aprueba el TTIP, se les otorgará a las corporaciones europeas y estadounidenses el poder de cuestionar decisiones democráticas tomadas por Estados soberanos y de pedir indemnizaciones cuando estas decisiones afecten de forma adversa a sus beneficios. Y lo más aberrante es que estas disputas no se dirimen en los tribunales internacionales ya existentes, sino que se presenta a un tribunal privado compuesto por tres abogados que tienen intereses económicos en la disputa y que son los que acordarán la sanción y la sentencia, y sin posibilidad por parte del estado sancionado de recurrir.
La firma del Tratado implicaría por lo tanto la pérdida de la soberanía nacional y el sometimiento de nuestros sistemas legislativos y judiciales a los intereses de las empresas multinacionales.
Las consecuencias irreversibles de la firma del TTIP serían entre otras:
Derechos laborales: Eliminación de los derechos de huelga, sindicación y negociación colectiva.
Empleo: Pérdida estimada de un millón de puestos de trabajo. Reducción de salarios. Deslocalizaciones. Eliminación de las pequeñas y medianas empresas en todos los sectores.
Servicios Públicos: Se privatiza: Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Administraciones Públicas, Agua, Transporte, Comunicación, Gestión de residuos, Pensiones, Justicia, Seguridad, etc… atentando contra el equilibrio social y aumentando la marginación
Agricultura: Las multinacionales controlarían la producción de semillas y alimentos. Eliminación de pequeñas y medianas explotaciones agrarias a favor de las grandes explotaciones. Imposición a gran escala del modelo agrario de agricultura industrial y pérdida drástica de las producciones ecológicas. Entrada libre de transgénicos en nuestro país y eliminación del etiquetado.
Seguridad alimentaria: Desmantelamiento de las regulaciones europeas en materia de seguridad alimentaria y derechos del consumidor. Introducción en los alimentos de todo tipo de agrotóxicos que en Europa están prohibidos.
Protección ambiental: Incremento en el ritmo de explotación de los recursos naturales. En la práctica quedarían desmanteladas todas las regulaciones de protección ambiental. Además, la armonización de la regulación sobre prácticas que dañan al medio ambiente podría abrir la puerta al fracking en Europa.
Finanzas: Eliminación de los controles financieros, impidiendo a Estados y Gobiernos cualquier tipo de regulación.
Protección de datos: Eliminación del derecho civil a la protección de nuestros datos personales, dando pie al comercio con nuestro historial médico o de consumo.
En definitiva el TTIP representa un envite de gran alcance para quienes detentan el poder en EE.UU. y la U.E., y supone un golpe y una amenaza para los ciudadanos y la clase trabajadora, ya que, si llegase, conllevaría la pérdida de importantes derechos adquiridos en las largas luchas democráticas y de los intereses sociales de la ciudadanía de la U.E. y de los EE.UU. así como del resto del mundo.
El objetivo principal del TTIP es colocar nuestras vidas, nuestros derechos ciudadanos y nuestro planeta al servicio de las grandes empresas multinacionales y de las élites financieras y políticas pagadas por éstas cuyo solo propósito es el control de los recursos, de la producción de bienes y de la gestión de todos los sectores de actividad pública y económica.
.En nuestras manos está detener esta barbarie que nos abocaría a la esclavitud y al colapso del planeta.
NUESTRAS VIDAS Y DERECHOS POR ENCIMA DE LAS MULTINACIONALES
Por qué nos manifestamos contra el TTIP en el 3er día mundial contra el fracking?
El fracking (o fractura hidráulica) es una técnica muy contaminante para extraer gas del suelo tras inyectar agua y otras sustancias químicas. Refuerza la desestructuración del medio rural, agudiza el cambio climático y perpetua el control de nuestro futuro por parte de grandes empresas petrolíferas. Es, en definitiva una técnica incompatible con un modelo de energía renovable, duradera y democrática. Por ello ha generado tanta resistencia ciudadana a lo largo de los territorios amenazados.
La fractura hidráulica ejemplifica muy bien las consecuencias del TTIP. De hecho, las grandes multinacionales de la energía están presionando activamente para la consecución del tratado pues, como se ha filtrado, allanaría el camino a la importación a la UE de gas proveniente de fracking desde EEUU (que actualmente cuenta con pocas autorizaciones).
Además, la armonización de la legislación a ambos lados del Atlántico aumentaría las posibilidades de que el fracking se extienda por Europa, algo que busca la industria petrolífera con ahínco. Y la clausula de solución de controversias inversor-estado (ISDS) permitiría la denuncia de leyes que prohibieran el fracking en el futuro, como ya ha pasado en Canada, donde la empresa Lone Pine ha reclamado 250 mill. $ por la moratoria del estado de Quebec al fracking.
Por todo ello, los movimientos de resistencia al fracking han decidido unir sus voces contra el TTIP.
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