Más Discriminación: ¿Ahora también somos un Riesgo para la Salud Pública?

     Como explicamos en este blog, ya
hace un año que el Ministerio de Justicia ha puesto en marcha un
proyecto de reforma del Código Penal que pretende catalogarnos como Sujetos Peligrosos, por el simple hecho de haber pasado un problema de salud mental. Etiqueta prejuiciosa y falsa a través de la cual quieren privarnos de nuestros derechos fundamentales.

     Un año más tarde, el Ministerio de
Sanidad sigue el mismo camino. Ahora, la Dirección General de Salud
Pública, Calidad e Innovación ha elaborado un documento titulado “Intervención Sanitaria en Situaciones de Riesgo para la Salud Pública”.
Texto que fue aprobado el pasado 18 de diciembre en la reunión del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, presidido por la
Ministra Ana Mato, y que está siendo recomendado por los coordinadores
de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud.

     Este texto, como especifica desde su introducción, pretende enmarcar: “situaciones que supongan un riesgo para la salud pública”, atendiendo a “la probabilidad de que se produzca un evento que pueda suponer un peligro grave y directo”.
Con este fin, se dedica a clasificar diversas situaciones consideradas
un Riesgo para la Salud Pública. Por ejemplo: las enfermedades
infecciosas que se encuentran sujetas a vigilancia epidemiológica a
nivel nacional o internacional; las enfermedades infecciosas que sin
tratamiento pueden suponer un riesgo por su capacidad de transmisión y
dificultad en su control, como el VIH/SIDA, la hepatitis B y C, la
tuberculosis o la lepra; los incidentes de origen medioambiental
–físico/químico-; los derivados de incidentes que afecten a la seguridad
alimentaria; etc.

     En sí mismo, todo el texto es una
infamia, ya que nace de la necesidad de ofrecer atención a aquellas
personas que éste mismo gobierno ha dejado sin cobertura sanitaria: las personas migrantes que no tienen o han perdido su permiso de residencia y los parados de larga duración
que residan en el extranjero más de 90 días. Está claro que dejar sin
atención sanitaria a un segmento considerable de la población puede
suponer un riesgo para la salud pública. Precisamente, la clasificación
que recoge el documento establece los casos en los cuales se debería
atender a una persona aun cuando ésta no tuviese tarjeta sanitaria –dada
su condición de Riesgo para la Salud Pública-.

     Pero la sorpresa llega cuando arribamos al apartado 2.7, referido “al ámbito de las enfermedades no transmisibles”. Allí,  el documento nos dice que hay que identificar como una situación de potencial riesgo para la salud pública: “La sospecha diagnóstica o padecer trastorno mental.”

     Además, para que nos quede claro a
qué se refiere, el texto especifica cuáles serían los diagnósticos ‘de
riesgo’. Así, en el documento podemos leer lo siguiente: “Las
enfermedades incluidas se especifican a continuación (códigos CIE 10):
Esquizofrenia (F20), Trastornos Delirantes Persistentes (F22), Trastorno
Bipolar (F31), Trastorno Depresivo Recurrente (F33), Trastorno Obsesivo
Compulsivo (F42)”.

     Llegado a este punto, uno se
pregunta: ¿Cuáles son los Riesgos para la Salud Pública que se asocian
al Trastorno Mental? ¿Por qué se nos considera a las personas
diagnosticadas como un peligro grave y directo para la población? ¿En
qué datos se basa esta afirmación? No lo sabemos. El texto omite
cualquier aclaración. No hay argumentos ni referencias que nos ayuden a
entender esta acusación.

     Está claro que no es una afirmación
basada en evidencia científica. No hay ni un solo estudio o publicación
que arribe a la conclusión que las personas del colectivo de salud
mental somos un riesgo sanitario para la población. Por el contrario, sí
hay numerosos estudios que niegan este prejuicio. Por ejemplo, los
datos revelan que las cifras de criminalidad han descendido en las
sociedades que han seguido un proceso de desmanicomialización.
Igualmente, son numerosas las investigaciones que ponen de relieve que
tener un trastorno mental incrementa significativamente el riesgo de ser víctima, y no autor, de comportamientos violentos.

     Ahora bien, aunque el texto no
tenga fundamento, sí tiene consecuencias. Y muy graves. Porque afirmar
que somos un riesgo para la salud pública refuerza todos los prejuicios
que generan rechazo social. Además, el Ministerio de Sanidad debería
tener presente que la discriminación dificulta la recuperación de las personas con problemas de salud mental.

     Precisamente, teniendo en cuenta
los efectos nocivos de tales afirmaciones, algunas autoridades
sanitarias ya han expresado su rechazo a este documento. Por ejemplo, la
consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía, María José Sánchez Rubio, considera el texto como: ”un
agravio a la imagen de las personas con enfermedad mental que
consolidan prejuicios existentes y que dificultan su integración social“.

     Pero es que, además de prejuicioso y nocivo, el documento viola la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;
una convención firmada por el Estado español y de obligado
cumplimiento. En este sentido, en una comunicación personal, Guadalupe
Morales, presidenta de la Fundación Mundo Bipolar, señalaba: “El
apartado 2.7 contraviene leyes nacionales, internacionales y europeas
(que el Estado español está obligado a respetar) y es punible, además de
escandaloso.”

     Como vemos, vivimos en una sociedad
en la cual las políticas Sanitarias y Jurídicas se basan en la
ignorancia, los prejuicios y las ideas discriminatorias de quienes nos
gobiernan. Como entidad y miembros del colectivo de salud mental
expresamos nuestro repudio a este nuevo ataque del gobierno hacia
quienes hemos recibido un diagnóstico de salud mental.

Hernán Sampietro

Nota: Agradezco a Ramón Bosch, presidente de AADDMM – Terraferma y a Guadalupe Morales, presidenta de la Fundación Mundo Bipolar, por comunicarnos la situación y hacernos llegar una copia del documento.