En el día de ayer conocimos la noticia escalofriante de un nuevo suicidio relacionado con el desahucio de vivienda. Amparo C.A. era madre de seis hijos, tres de ellos menores de edad, y tenía tres nietos, dos de ellos a su cargo en la vivienda, propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) de Madrid en la que residían, en el madrileño distrito de Carabanchel.
La víspera, el lunes 16 de septiembre, Amparo había recibido una comunicación oficial de la EMVS dando por finalizado el contrato de arrendamiento, al mantener una deuda de 975€, y fijando como fecha de desalojo el próximo 21 de octubre a las 9:30 horas. La carta estaba redactada al modo de las agencias de recobro: en un tono amenazante y sin dejar margen para un acuerdo que evitara el desalojo.
Es mismo día, el marido de Amparo acudió a la EMVS con intención de saldar la deuda del alquiler. En la empresa municipal le negaron tal posibilidad, a pesar de tratarse de una unidad familiar con menores. Horas más tarde, Amparo se suicidó.
La voracidad de la EMVS, que está vendiendo al mejor postor el parque público de viviendas sociales y utilizando métodos intimidatorios contra las personas con dificultades de pago, está muy lejos de la función de tutela del derecho a la vivienda que le corresponde. En los últimos meses este organismo ha acelerado los procesos de desahucio, incluso sobre familias con escasas o nulas posibilidades de procurarse alojamiento alternativo, contraviniendo así la legislación internacional de derechos humanos sobre “Desalojos Forzosos Sin Alternativa Habitacional”.
Hoy hemos sabido que la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid, dependiente del Área de Urbanismo del Ayuntamiento, se desvincula del suicidio e indica que la carta no era de desahucio ya que “no existe procedimiento judicial ni sentencia condenatoria ni auto de desalojo sustanciado por autoridad judicial alguna”. La frialdad de este organismo resulta estremecedora: no solo no decreta una moratoria sobre desalojos forzosos y declina cualquier responsabilidad, sino que además ha aireado unas supuestas deudas de la familia con la Comunidad de Vecinos. La falta de humanidad de sus responsables se refleja en el hecho de que aún hoy, dos días después del fallecimiento, no se ha ordenado la paralización del proceso de desahucio de la vivienda de Amparo, que sigue en pie.
No conocemos en detalle las circunstancias personales de Amparo, pero resulta innegable que la carta de desahucio se encuentra entre los desencadenantes de su fallecimiento, dada la proximidad temporal entre su recepción y el suicidio.
Existe, por tanto, una responsabilidad política clara tanto de la EMVS como del Ayuntamiento de Madrid toda vez que una de sus funciones primordiales es la de garantizar la tutela de los derechos fundamentales de la ciudadanía, en particular el derecho a una vivienda adecuada, recogido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la propia Constitución.
PAH Madrid y la Plataforma por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) exigimos, por tanto, la paralización inmediata de todos los procesos de desahucio de la EMVS y del resto de entidades públicas con competencias en materia de vivienda (empresas municipales de la vivienda e Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid –IVIMA- ) como medida de emergencia.
Por último, pedimos a todas las personas en situación de desamparo por falta de vivienda o por amenaza de desahucio, que no se rindan, no den por perdida su situación y acudan a las organizaciones de la sociedad civil que, prácticamente en cada ciudad, existen en la actualidad para luchar por garantizar el derecho a la vivienda y para paralizar los desahucios.
NO ESTÁS SOL@
PARALIZACIÓN INMEDIATA DE TODOS LOS DESAHUCIOS
NO MÁS MUERTES
Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid
Fuente: PAH MADRID
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