El 1 de abril se ha cancelado la tarjeta sanitaria de numerosas personas en situación irregular que, hasta la fecha, tenían la cobertura universal. Pasarán a tener una cobertura, sin acceso al especialista, como ciudadanos de segunda. Para acceder al especialista se necesitará el informe de una comisión médica. No obstante, los estudiantes extranjeros y las personas sin un documento de identidad en vigor no podrán acceder a esta nueva tarjeta. Los demás colectivos tendrán que enfrentarse a trámites burocráticos complicados.
Mark, oriundo de Camerún, estudiante de Máster en la Universidad de Barcelona, empezó su carrera de peregrino, de consulta en consulta, por un simple dolor en la pierna que se agudizó hasta ocasionarle graves problemas a la hora de caminar. Acudió a urgencias, pero su dolencia precisaba de un traumatólogo. Salió de la consulta con sólo un calmante que paliaba el dolor puntualmente. Para poder ser atendido necesitaba una tarjeta sanitaria que no pudo tramitar: “Me dijeron que al tener un permiso de estudiante, tenía un seguro privado y, en consecuencia, no se me tramitaba la tarjeta sanitaria. La verdad es que la matrícula incluye, por defecto, un seguro médico pero, a decir verdad, este seguro no sirve de nada, no te atienden en ningún lado”.
La Instrucción 10/2012 (http://www10.gencat.cat/catsalut/archivos/instruccions/instruccio_10_2012.pdf) emitida por el Servei Català de la Salut especifica que se garantiza la tarjeta sanitaria a las personas con permiso de residencia que no cotizan y a los inmigrantes sin papeles. En realidad, los requisitos necesarios para tramitar la tarjeta sanitaria bloquean o retrasan el acceso al médico de dichos colectivos. La burocracia y la descoordinación conllevan que un mero trámite administrativo conduzca a una calle sin salida llena de dolor y preocupación. Entre los mencionados requisitos se incluye la existencia del empadronamiento con una antigüedad de cómo mínimo tres meses y un certificado del INSS para demostrar que la persona no está asegurada. Las personas en condición de calle o los que comparten pisos patera tienen dificultades para empadronarse. A eso se añade el tiempo de espera necesario para poder solicitar la tarjeta sanitaria, tres meses de empadronamiento, situación que resulta angustiante en los casos de enfermedades graves o crónicas. Elena, que sufre una diabetes agresiva, recibió las recetas sin descuento, permaneció en espera durante semanas, mareada por no tomar la medicación, hasta que reunió el dinero para comprar las medicinas. Todavía debe esperar un mes más en una idéntica situación para poder solicitar la tarjeta sanitaria. No obstante, la mayor complicación para las personas sin papeles surge cuando se tiene que obtener el certificado del INSS que demuestra que no cotizan en la Seguridad Social. Mónica, de México, lleva 3 años en Barcelona como estudiante y, actualmente, se encuentra sin un permiso de residencia. Cuando se dirigió a la oficina del INSS de la calle Numancia de Barcelona, le comentaron que no podía acceder a ningún trámite en el INSS por no tener los papeles. Acudió a otra oficina en Drassanes, donde sí le sellaron un documento para la tarjeta sanitaria: “El trámite en sí mismo es absurdo. Nos piden un certificado para comprobar que no tenemos el alta en la Seguridad Social, ¡pero cómo íbamos a tener el alta como trabajadores asegurados si no tenemos permiso de trabajo!”. Desde SIS (Servei d’Inserció Social) confirman el caos en la gestión de este documento, dado que se encuentran con oficinas que desconocen el trámite o con ambulatorios que no reconocen posteriormente el documento sellado por el INSS. La falta de coordinación favorece el trato diferente de un centro a otro.
Arbitrariedad en urgencias y en la atención a menores
Las atenciones médicas en urgencias, así como a menores y embarazadas son de obligatorio cumplimiento según la ley, pero la realidad difiere. Desde el Centro Reto, donde atienden a personas con problemas de drogodependencia, explican que han recibido facturas emitidas por utilizar el servicio de urgencias en el Hospital del Mar. Katerina acudió con su hijo de 6 años al ambulatorio de Manso en Barcelona, donde se le emitió una factura por la atención médica que recibió el menor en un servicio de urgencias. Al mismo tiempo, no se sabe quién decide qué es emergencia para poder ser atendido. Juan, de República Dominicana, acudió a urgencias al mismo ambulatorio de Manso, donde se le negó la atención médica: “Me dijeron que lo mío no era una urgencia. Que una urgencia significaba llegar en camilla, que en mi caso debía consultar con un especialista. Pero no tengo la tarjeta sanitaria, solamente puedo ir a urgencias.” La nueva normativa sanitaria le afecta a él y a su hijo de 6 meses. Para asignarle un pediatra se requiere que el menor esté inscrito en la cartilla de seguridad social de los padres. Sin embargo, al no tener permiso de residencia y trabajo, los padres no pueden tener una cartilla de seguridad social. No saben qué va a pasar con su hijo: “Me dijeron que fuera sólo a urgencias, pero ¿qué haremos con las vacunas y las revisiones?”
La burocracia kafkiana se ha convertido en el otro rostro del rechazo a la sanidad para los inmigrantes. Los requisitos solicitados y la arbitrariedad no sólo representan una inmensa fuente de inquietud, sino que pueden llegar a poner en peligro sus vidas.
Corina Tulbure
Rebelión.org
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