MAGDA BANDERA – MADRID – 24/03/2010 07:00-Publicado en el diario “Público”

Habla sin rabia, pero no vacila al señalar a todo el pueblo. A clientes y a vecinos. “Por fuerza tenían que saber que estábamos encerradas. Era una casa grande con muros altos, con cámaras por todas partes. Sabían que allí había chicas, pero nunca nos veían en la calle”. Míriam, paraguaya de 20 años, oculta su verdadero nombre y también el del club donde pasó meses obligada a ejercer la prostitución. Ni siquiera se atreve a decir en qué provincia estaba. A los 18 la convirtieron en una esclava sexual.

Míriam trabaja con contrato ayudando a otras víctimas en la unidad móvil de APRAMP, la asociación que la ayudó a decidirse a denunciar a sus proxenetas, una pareja del pueblo, “conocida por todos”, insiste. El año pasado los juzgaron. “A él le cayeron dos años de cárcel. A ella, seis”.

Las penas impuestas a quienes en los últimos años han traficado con personas para explotarlas con fines sexuales rondan los cuatro años de prisión, explica una portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía de España (CGAE). El principal problema, según esta letrada, es que el Código Penal de 1995 no incluía este delito. Entonces era un fenómeno desconocido en España.

Quince años después, las redadas contra mafias que trafican con mujeres son cada vez más frecuentes y el Gobierno ha puesto en marcha un Plan Integral para luchar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual cuyo primer año de funcionamiento será analizado hoy por los ministerios de Igualdad e Interior. No obstante, el texto presentado por el Ejecutivo para reformar el Código Penal, actualmente pendiente de ser aprobado en el Congreso, tampoco define como un delito específico la trata de esclavas sexuales.

“El texto introduce el delito de trata de seres humanos. Sin embargo, no vemos definido el tipo. El hecho de que sea con fines de explotación sexual es sólo un agravante”, critica la representante del CGAE. Algunas de las ONG que trabajan con las víctimas tampoco entienden que el Gobierno haya dejado pasar la oportunidad de incluirlo como tal en su proyecto de ley. Y esgrimen que las consecuencias de haber sido sometido a este tipo de esclavitud son semejantes a las que provoca la tortura.

Al ser preguntado sobre el motivo por el cual el proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Justicia no distingue entre la esclavitud que sufren, por ejemplo, los ciudadanos obligados a trabajar en un taller textil y las mujeres recluidas en un club de carretera, uno de sus portavoces argumenta que “no hay demanda social” para hacerlo, como sucedió, en su momento, con la Ley contra la Violencia de Género.

Quizá por este motivo, el Ministerio de Trabajo e Inmigración tampoco incluyó una de las demandas de las ONG integradas en la Red Española contra la Trata de Personas al redactar la Ley de Extranjería, que entró en vigor el pasado 12 de diciembre. “Pedimos que se facilitara la reagrupación familiar a las víctimas de trata. Sólo si las mujeres pueden traer a sus familiares y protegerlos de las mafias que los amenazan en el país de origen, se atreverán a denunciar”, explica Marta González, coordinadora del Proyecto Esperanza. “El Parlamento Europeo acaba de pedir lo mismo en una resolución del 10 de febrero. A las mujeres que están aquí les preocupan sus vidas tanto como las de sus familias. La mayoría de ellas ha venido aquí, precisamente, para ayudarles económicamente”, añade.

Vencer el miedo

Esperanza también es contundente, a pesar de no perder la sonrisa mientras recuerda su historia. Esta brasileña de 32 años, que elige un nombre “positivo” para ocultar su identidad, vivió encerrada en un piso del centro de Madrid durante dos años. Un día, mientras estaba en Servicios Sociales para solicitar una ayuda, se le acercó una mujer que le ofreció trabajar cuidando a una señora mayor. Al llegar al piso, vio a “mujeres semidesnudas en tacones”. Cuando intentó marcharse, la golpearon y la drogaron durante tres días. Tardó más de 700 en salir de allí.

“El piso era lo que llamamos un espacio invisible, oculto en la ciudad. Pero es imposible que nadie sospechara nada al ver entrar y salir tantos hombres a todas horas. En cambio, a las chicas nunca nos veían”, recuerda Esperanza. “Yo pude escapar porque los dueños simularon una redada. Querían que aprovecháramos para que nos fuésemos y dejásemos de dar problemas. Últimamente, algunas protestábamos mucho, pero no nos íbamos porque estábamos vigiladas y teníamos miedo. Cuando me captaron, vieron las fotos de mis niños en el bolso y me amenazaron”.

Esperanza, que ahora trabaja en la unidad móvil de APRAMP asesorando a mujeres atrapadas en pisos invisibles, está pendiente de que se juzgue a quienes la obligaron a prostituirse. No cree que les impongan una pena alta y, a veces, siente temor al pensar que entonces revivirá la experiencia. “Me ha costado mucho recuperar la autoestima. Pero me siento bien cuando voy a un piso ofreciendo preservativos o información sobre salud, y los proxenetas tienen que dejarnos pasar, porque en teoría no obligan a nadie a estar allí dentro. Y en cuanto ves a una chica que ha pasado por lo mismo que tú, lo reconoces enseguida. Y no sólo porque nunca tienen su documentación a mano, también por su mirada. No te miran a los ojos”.

Identificar a las víctimas es esencial para que las medidas de protección empiece a funcionar. Estas suelen negarlo por sistema, dicen los expertos. Por ello, una de las prioridades del Plan Integral es elaborar material para formar a las autoridades que combaten este tráfico. “Faltan medios y dotación presupuestaria”, señala la abogada del CGAE. “Ni siquiera hay plazas suficientes en los centros de acogida para que estas mujeres puedan ser atendidas mientras se acogen al período de reflexión de 30 días para decidir si colaboran o no con la policía”, agrega.