El 24 de julio fue un día largo, durísimo. A pesar de las muestras de solidaridad de cientos de personas, que estuvieron con la familia desde la noche anterior, no pudimos evitar el trágico final. Susana y su familia fueron desahuciadas.
Era el tercer intento de desahucio en Unanimidad, 35. La policía mostró su peor cara, una violencia desproporcionada que se saldó con 12 personas detenidas y 15 identificadas.
Los acontecimientos vividos durante el desahucio de Susana son suficientes para que exijamos la inmediata dimisión de la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, como máxima responsable política de las fuerzas de seguridad que ayer insultaron, agredieron, amenazaron y detuvieron a personas que estaban intentando evitar el desahucio de una familia con dos hijos, de 7 y 10 años. Pero también se demostró que estamos dando donde más duele a los especuladores y grupos financieros, avanzando en la lucha por el derecho a la vivienda.
La brutalidad policial del 24 de julio hizo imposible la paralización del desahucio de Susana y su familia, pero no les tenemos ningún miedo, y continuaremos con nuestras luchas apoyando y dando cobertura a las personas para evitar que se queden en la calle. Exigimos recuperar la función social de cada vivienda vacía, sea de un banco o de una empresa pública de vivienda.
El trabajo de la PAH (Plataforma de afectados por la hipoteca), durante estos años, ha estado encaminado a la estafa hipotecaria; hemos dado algunos pasos como daciones en pago, alquileres sociales…ahora vamos más allá, hacia la reapropiación de las viviendas.
También luchamos contra la privatización y desaparición de las empresas públicas de vivienda que, de llevarse a cabo, condenaría a los sectores más vulnerables de la sociedad y a la ciudadanía en general a no tener, nunca, un acceso a una vivienda de alquiler social.
Durante los últimos meses, la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo) ha intensificado el número de desahucios diarios, ha habido semanas con más de cuarenta lanzamientos. Les urge vender las casas a gestoras que las mantienen cerradas hasta que esta crisis capitalista remita y les permita volver a especular de nuevo con las viviendas. Desde la PAH, la PAVPS (plataforma de afectados de vivienda pública y social), las asambleas de barrio y otros colectivos en defensa de la vivienda, llevamos varios meses de intensa lucha, denunciando lo que están haciendo con el dinero público, liquidar los derechos más elementales: vivienda, sanidad, educación …
La represión del ayuntamiento se intensifica cada día, con tácticas que recuerdan a la dictadura fascista, pero al mismo tiempo nuestra lucha se hace más fuerte, a través de encierros en el Ayuntamiento de Madrid, IVIMA y Juntas Municipales.
Mientras el gobierno siga apoyando y dando cobertura a los corruptos y especuladores nos tendrán en frente por la defensa de nuestros derechos. Esto es también extensible a grupos de la “oposición” en el ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid, que con su continuo silencio ante las agresiones y vulneraciones de los derechos humanos son partícipes, por omisión, de estos actos criminales. Les pedimos, por tanto, que se desmarquen de la política capitalista del gobierno del PP ya que, cada uno de estos grupos, tiene representantes en los consejos de administración de las empresas municipales, que han permanecido calladas ante la liquidación del servicio público de vivienda.
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