El pasado mes de mayo el Gobierno anunció un paquete de medidas con importantes recortes en el gasto público, 50.000 millones de euros en tres años, con el objetivo de siguiendo los dictados de la Unión Europea, reducir el déficit público por debajo del 3% en 2.013.
Entres estas medidas se encuentra la congelación de las pensiones en el año 2.011, con la excepción de las mínimas y las no contributivas que subirán un 1%.
Esto significa que habrá más de 5.000.000 de hogares que verán congelados sus ingresos el año próximo, incluidos los millones de pensionistas que cobran mensualidades por debajo de los 800 euros.
El rechazo a esta medida, no justificada de ninguna manera, ya que existe un importante superávit en el Sistema Público de Pensiones, ha encontrado el pleno apoyo de organizaciones sindicales, asociaciones de jubilados, partidos políticos, movimientos sociales e incluso una mayoría parlamentaria.
Igualmente ha sido una de las principales reivindicaciones que han motivado la reciente Huelga General.
Las pensiones se han venido revalorizando por el IPC desde 1996, año en que se firmó el Pacto de Toledo y uno de cuyos acuerdos era este incremento y que esperamos el Gobierno cumpla, tal y como ha prometido, este año 2010.
Esto último quiere decir que en enero próximo todos los jubilados percibiremos un aumento de nuestra pensión, tal y como viene sucediendo normalmente, que será la diferencia entre la inflación prevista por el Gobierno para 2010, que fue el 1% y la que realmente se va a producir que será algo más del doble.
También percibiremos, de una sola vez, una pequeña cantidad que vendrá a compensar esa desviación de la inflación durante todo el año 2010.
Pero luego y durante 2011 no tendremos incremento alguno a cuenta de la inflación y la totalidad de ésta no la recuperaremos de ninguna manera.
Esta medida anunciada en el mes de mayo y que se aplicará en enero próximo, puede y debe ser rectificada.
Aún tenemos tiempo para seguir movilizándonos y presionando para que una decisión tan injusta no sea aplicada. Para ello tenemos que seguir explicando a los pensionistas que este derecho a cobrar nuestra pensión es consecuencia de una vida de trabajo anterior y no es para nada una concesión del Gobierno de turno.
Nos acaban de subir el IVA, el butano, la luz lo ha hecho en dos ocasiones en este año, la inflación ha superado el 2% en los últimos 12 meses, el número compañeros sin trabajo no deja de aumentar, mientras las Entidades Financieras, las multinacionales y las grandes empresas siguen obteniendo beneficios récord.
Hasta donde pretenden que aguantemos. Cuánto más nos piensan arrebatar.
Nuestro Sistema Público de Pensiones, basado en el reparto y la solidaridad, no tiene ningún problema de sostenibilidad, ni a medio ni a largo plazo. Cuenta con la garantía del Estado, y éste año prevé cerrar sus cuentas con un superávit de 4.000 millones de euros.
Son las grandes Entidades Financieras, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y sus portavoces, los que cuestionan, de manera interesada, el futuro de nuestras pensiones y el Gobierno el que se convierte en cómplice de sus intereses.
Aclaremos dudas, debatamos abiertamente y tengamos unos ciudadanos informados que no permitirán que se menoscaben sus intereses para favorecer a los de siempre.
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