El Gobierno gastó 3,2 millones de euros en el envío de dos cartas a principios de este año a los más de 8 millones de pensionistas para informarles de la revalorización de sus pensiones, por un lado, y del incremento del IRPF de sus prestaciones, por otro. El Ejecutivo justifica la correspondencia, donde se subrayaba que Mariano Rajoy era el responsable de la medida de revalorización, en que era «preciso» que los afectados conociesen que, tras la congelación de las pensiones en 2011, en 2012 volvían a mantener su poder adquisitivo y eran objeto de revalorización. Además, asegura que en 2011, con el PSOE en el Gobierno, se gastaron en dos campañas informativas similares 395.000 euros más.
En la primera de las cartas, firmada por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se destacaba que la medida era un compromiso de Mariano Rajoy y que se había aprobado «nada más comenzar la legislatura». En la segunda, se informaba de la subida del IRPF en los años 2012 y 2013 acordada por el Ejecutivo el 30 de diciembre de 2011 para reducir el déficit público, lo que obligaba a recalcular el montante de la pensión. Esta última misiva ya no iba firmada por Báñez ni mencionaba a Mariano Rajoy, sino que estaba rubricada por la directa general de la Seguridad Social, María Eugenia Martin Mendizábal, quien por cierto accedió al cargo después de la subida impositiva.
El coste de los envíos, remitidos a primeros de 2012, se recoge en una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado del PSOE Luis Carlos Sahuquillo, quien preguntó al Ejecutivo por qué razones había mandado lo que consideraba «cartas de propaganda política», con un coste total de 7,2 millones de euros (3,6 millones por cada una), cuando hasta ahora este tipo de comunicaciones, según el parlamentario, eran de «carácter institucional y desprovistas de contenidos políticos».
El parlamentario se quejaba además de que se atribuyese expresamente en una de las cartas al presidente del Gobierno la decisión de la subida, calificándola como un compromiso de Mariano Rajoy aprobado nada más comenzar la legislatura, «cuando es un mandato legal derivado del Pacto de Toledo».
En su contestación, a la que ha tenido acceso Público, el Gobierno detalla que el coste total de la comunicación de la revalorización de las pensiones ascendió a 1.516.987,37 euros, mientras que el envío de la segunda carta costó 1.751.903,92 euros. Esta última misiva la justifica el Gobierno en que «es obligación del Instituto Nacional de la Seguridad Social comunicar a los pensionistas cualquier variación económica que pueda producirse en el importe de la pensión que vienen percibiendo».
Información completa: Público.es
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