Gallardón pide una ley para sacar a los sin techo de la calle.
Las entidades sociales que trabajan con personas sin hogar tachan la medida de «anticonstitucional».
El entorno para hacer el anuncio no pudo ser más propicio: en un acto sobre seguridad en la Gran Vía madrileña, donde duermen decenas de personas sin hogar, y arropado por los vecinos y sus continuas quejas por la mendicidad. En esas, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), enarboló ayer una propuesta tan polémica que pronto se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales: pedir una ley estatal para que los ayuntamientos puedan sacar a los sin techo de la calle. «Siempre y cuando haya recursos asistenciales gratuitos», matizó.
Tanto el regidor madrileño como después una portavoz municipal quisieron dejar claro que la ley, propuesta para que el PP la incluya en su programa electoral de las elecciones generales de 2012, lo que pretende es dar una salida a esas personas que no tienen dónde dormir.
Antes del alcalde, había caldeado el ambiente el presidente de la asociación de comerciantes de Gran Vía, Florencio Delgado, que hacía las veces de conductor del acto. Delgado se refirió a la «situación desastrosa» que supone la presencia de personas «tiradas» por la calle y de «pedigüeños que campan a sus anchas» por el centro de la ciudad. Y fue entonces cuando intervino el alcalde con su propuesta.
«El alcalde ha pedido que haya una ley para que se gestione el uso de los espacios públicos. Estamos hablando no de echarles de la calle, sino de dotarles de recursos asistenciales», señaló a este diario una portavoz municipal. En 2006, el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, ya propuso una medida similar. En cualquier caso, para obligar a una persona a ingresar en un albergue es necesario modificar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es decir, que la Policía pueda llevárselos en contra de su voluntad.
Además de Calvo y de Gallardón, la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, ya aseguró en septiembre de 2009 que la mendicidad era un problema añadido a la suciedad que hay en el centro.
Las matizaciones ayer a las palabras de Ruiz-Gallardón no calmaron el enfado de las entidades sociales, que estiman que la cifra de los sin techo está en torno a los 30.000 en toda España (unos 3.000 en Madrid). «La propuesta del alcalde es anticonstitucional», advirtió Carlos Miguélez, responsable de Comunicación de Solidarios para el Desarrollo, ONG que asiste por las noches a los indigentes de la capital. «La medida va en contra de los derechos fundamentales, y si se quisiese obligar a esas 30.000 personas a meterse en un albergue, no habría recursos. No es ni viable», ahondó Miguélez.
Desde la Fundación Rais, su portavoz, José Aniorte, afirmó que había recibido el anuncio del alcalde «con sorpresa». «Esperemos que en breve rectifique y lo aclare. El Ayuntamiento está alejado de la realidad. Con sus palabras, lo que hace es fomentar el estereotipo y criminalizar al que no tiene hogar», criticó Aniorte, antes de sentenciar: «Nadie está en la calle porque quiere».
Necesidades básicas
Tanto Fundación Rais como Solidarios denuncian que no existen suficientes recursos. Los indigentes tienen cubiertas, a través de las administraciones o las ONG, sus necesidades básicas: comida y techo, si lo quieren. Pero las organizaciones reclaman que por parte de los ayuntamientos la ayuda debe ir más allá de dar café en un termo. «Hacen falta pisos tutelados, asistencia psicológica, no quedarse en la superficie», aseguró Aniorte. Su fundación realizó recientemente en la Puerta del Sol una protesta por la falta de recursos para los indigentes.
Rodrigo Pérez, presidente de Mensajeros de la Paz-Madrid, coincide con ese diagnóstico de que las entidades están sufriendo recortes sociales e insta a los políticos a que conozcan de primera mano las instalaciones destinadas a los sin techo. «Que no vayan sólo de visita, que vean bien las condiciones de dichos albergues», señaló Pérez.
A las críticas, el Gobierno municipal respondió que los recursos disponibles son buenos y suficientes. Un portavoz del Samur Social explicó que de los 3.000 sin techo de la capital hay un grupo de 600 que se muestra reticente a recibir asistencia: «Son personas que no quieren ir a los albergues porque allí no se puede beber alcohol o porque no pueden meter a sus mascotas». Para declarar la incapacidad de una de estas personas y que asuma la tutela el Gobierno regional es necesario el dictamen de un juez. En Madrid, en el último año, seis indigentes han sido declarados incapaces.
El anuncio de Gallardón no dista mucho de la ordenanza para la convivencia aprobada por el Ayuntamiento de Granada, que entró en vigor en septiembre de 2009, informa Fran Grimaldi. Este reglamento prohíbe y sanciona la «ocupación del espacio público por conductas que adoptan formas de mendicidad».
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía considera que estas propuestas no solucionan el problema. «En Granada hay mucha persecución, incluso se han dado casos en los que expulsaron a un mendigo que dormía en un portal y le arrebataron la manta que le tapaba», concluyó Natalia García, portavoz de la asociación.
Fuente: Público.es
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