La Organización Mundial de la Salud señala: «El derecho a la salud obliga a los estados, (y, en su caso, a las autonomías ya que tienen transferidas todas las competencias) a generar las condiciones en las que toda la ciudadanía pueda vivir de la manera más saludable posible.” Por su parte, la Constitución española en su artículo 43 dice: “1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Corresponde a los poderes públicos, organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios…”. Igualmente, la Ley de Salud Pública regula las obligaciones del Estado y de las Autonomías en la vigilancia, control y prevención de los factores no personales sino sociales que pueden afectar la salud, haciendo énfasis en la necesidad de tener en cuenta la salud en todas las políticas.
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