La promotora estatal de la red de Mesas Ciudadanas de Convergencia y Acción
(MCCA) se ha reunido en Madrid el 9 de julio para analizar la situación
política y fijar las líneas estratégicas de su actividad a corto y medio
plazo:
«Nos encontramos en una situación de emergencia política, social y económica,
en un estado de excepción. Los grandes poderes financieros y empresariales
continúan imponiendo su voluntad a los pueblos al margen de los poderes
representativos y sin permitir que la ciudadanía se pueda pronunciar ni
oponer a sus decisiones si no es fuera de las instituciones políticas. Las
grandes movilizaciones populares del 15-M han ampliado drásticamente el
espacio de oposición a las políticas neoliberales y las MCCA han hecho y
seguirán haciendo su propia contribución para que esta ampliación se
extienda y consolide. Por otro lado el gobierno del Estado, como el de las
comunidades autónomas y especialmente la catalana, siguen dispuestos a
aplicar severos programas de recortes de gasto y derechos sociales en
concordancia con las directrices que emanan del Pacto del Euro y de las
políticas neoliberales que impone la Comisión Europea. Estos recortes tocan
la sustancia de los principales consensos sociales y políticos de la
democracia. La oligarquía financiera tiene secuestrada la soberanía nacional
haciendo saltar por los aires el espíritu de la Constitución de 1978.
Consideramos que están madurando las condiciones para dar inicio un nuevo
proceso constituyente: o lo hacen la mayoría de los ciudadanos o lo hacen
las oligarquías financieras y sus mentores políticos.
Ante esta situación, la Promotora de las MCCA se ratifica en su idea de que
la única forma de hacer frente a esta agresión contra los derechos sociales
y humanos es la movilización social y la extensión de acciones de
desobediencia civil y de sabotaje pacífico y democrático (bloqueo de
desahucios, actividades informativas en sucursales bancarias etc.). El
objetivo hoy y ahora es impedir que la aplicación de recortes se haga al
margen de la opinión y de las necesidades más elementales del la ciudadanía,
especialmente de su parte más vulnerable.
Rechazamos por cínica la condena de la movilización ciudadana en calles,
plazas y centros de estudio o de trabajo. Ni uno solo de los derechos de los
que hoy día disfrutan los países (incluido el derecho al voto) se habrían
podido conquistar si los ciudadanos no hubieran luchado contra la
injusticia, ejerciendo la desobediencia civil, el boicot pacífico y acciones
similares, si no hubieran tomado las calles y las plazas. Sólo así se pudo
avanzar en la lucha contra la discriminación, contra la injusticia y contra
la exclusión. Reiteramos nuestra convicción de que el uso pacífico y
democrático de estos métodos frente al saqueo del patrimonio colectivo por
parte los poderes financieros y al desmontaje de facto de los grandes
consensos políticos y sociales, es plenamente legítimo para tratar de
impedirlo».
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