La familia de un joven que murió en julio en un centro de menores pide que se abra una investigación.
Ana, una vecina de Villaverde Alto (Madrid), aún recuerda emocionada cómo le lanzó un beso a Ramón Barrios el pasado 9 de julio, mientras él se iba al centro de menores Teresa de Calcuta, en la localidad madrileña de Brea de Tajo. Era su tercer fin de semana de condena. Y el último. Ramón, de 18 años, murió en la madrugada del día siguiente de un paro cardiaco. Esta es la versión que dieron en el centro a la madre del joven y la que, cuatro meses después, ha confirmado la autopsia.
La familia, sin embargo, está convencida de que Ramón no murió de un ataque al corazón sin más. Los escasos tres folios del informe médico forense sólo mencionan «un cuadro clínico de excitación previo al fallecimiento» como desencadenante de una muerte «con causa indeterminada» y «sin signos de violencia». Frente a ello, la familia es contundente: «Un chico de 18 años no se muere por ponerse nervioso», sentencia Violeta Fernández, portavoz de la familia.
Amigos y vecinos de Ramón dicen que observaron arañazos y moratones en el cuerpo del joven antes del funeral, aunque el juez permitió la incineración porque el avance de la autopsia no apreció signos de violencia. La familia pidió una segunda autopsia y el fiscal la concedió, pero no se pudo realizar porque la madre de la víctima no podía hacer frente a los gastos de mantener el cadáver en el tanatorio.
La familia basa sus sospechas en las declaraciones de los técnicos auxiliares de intervención (TAI), los vigilantes, que constan en el informe que el centro remitió a la Fiscalía de Menores y al Juzgado de Menores número 7. «Ante el estado de agresividad y violencia [de Ramón] se hace necesario aplicar los medios de contención oportunos, consistentes en contención física […] y siendo esta infructuosa, se hace necesario aplicar sujeción mecánica […]. El cese de dicha medida se hace necesario tras observar […] que el menor se encuentra inconsciente no respondiendo a ningún estímulo», reza el informe del centro.
En cambio, la autopsia, que la familia conoció el pasado jueves, simplifica la versión: «[Ramón] vuelve a agitarse y ya empieza a cambiar de aspecto tornándose morado, según refieren [los TAI]». Los servicios de emergencia, el Summa, intentaron reanimarle sin éxito y sólo certificaron su muerte al no ver claras las causas del fallecimiento. El joven había sido «contenido física y mecánicamente» horas antes porque se negaba a que los TAI lo desnudaran para comprobar, como así fue, que no llevaba droga. La segunda contención se produjo después de que Ramón pidiera insistentemente un calmante.
«No vamos a callar»El juzgado llamó a declarar a los TAI a petición del abogado de la familia. Eso sí, como testigos y no como imputados. La familia pide ahora que los vigilantes y la responsable del centro declaren en calidad de imputados. «No vamos a callar. Vamos a luchar para que nos escuchen», afirma Violeta. «Se creen que como no tenemos estudios ni dinero somos imbéciles, pero se equivocan», añade Ana, otra amiga de la familia. La Comunidad de Madrid, titular de este centro gestionado por la empresa Ginso, no se ha personado en la causa «por no interferir en el proceso», aclaran en la Consejería de Presidencia. Aun así, inició una investigación interna a petición de la portavoz socialista de Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid, Matilde Fernández.
El de Ramón no es un caso aislado. El aumento de denuncias de maltrato en centros de menores es una constante en los informes del Defensor del Pueblo y Amnistía Internacional ha pedido una ley que regule estas instalaciones.
Fuente: publico.es
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